Milei combatirá el crimen organizado con un nuevo sistema acusatorio que quiere extender a toda Argentina

Impulsado por los ministerios de Justicia y Seguridad que lideran Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich respectivamente, el gobierno nacional implementó este lunes 6 de mayo el nuevo sistema acusatorio que introdujo el Código Procesal Penal Federal (CPPF) aplicándolo a las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, San Lorenzo y San Nicolás.

Sancionado en 2015, tras demoras de gestiones pasadas ya que sólo rige en Salta y Jujuy sin extenderse a ninguna otra de las veintidós jurisdicciones, este sistema acusatorio le quita a los jueces de instrucción la tarea de investigación, depositándola en manos de los fiscales que también establecerán que clase de delitos se perseguirán marcando una suerte de política criminal.

Definido técnicamente como un sistema adversarial, la fiscalía al igual que los abogados defensores brindarán sus argumentos y pruebas para que los jueces determinen la culpabilidad o inocencia del imputado.

“Es un modelo basado en la oralidad con procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes a través de investigaciones y juicios ágiles”, afirmó el titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien trabaja para extenderlo al resto de las jurisdicciones argentinas siguiendo por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. 

También rector de la carrera de abogacía en la porteña Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Cúneo Libarona apeló a sus dotes de docente para explicar que, en el sistema acusatorio, el fiscal investiga los delitos y, si detecta a su presunto autor, se lo juzga para aplicarle una pena tras determinarse su culpabilidad.

“La fiscalía lleva a cabo la investigación de un hecho que, si considera que configura un delito, presenta la acusación ante un juez”, añadió el titular de la cartera sobre este anhelo del poder judicial que nunca contó con sostén político hasta que el presidente Javier Milei lo instaló en la agenda pública con respaldo de la Corte Suprema, Procuración General de la Nación y Consejo de la Magistratura. 

A diferencia del anterior sistema mixto donde prima el expediente en papel, el nuevo sistema acusatorio se desarrolla en forma oral incluyendo los planteos del fiscal y los abogados que serán expuestos y resueltos en una audiencia a tal efecto.

Ante el público que quiera presenciarlas y sin interrupciones salvo extrema necesidad, las audiencias abarcarán la mayor cantidad de cuestiones procesales incluyendo los careos y contrapuntos entre las partes para que el magistrado resuelva según lo visto y escuchado.

Los plazos son más breves que sistema anterior eliminándose los formalismos administrativos o cuestiones burocráticas que atenten contra las medidas e investigaciones judiciales. 

A partir de ahora, la fiscalía puede desestimar denuncias para enfocarse al máximo en otras más conducentes e importantes con la posibilidad de adoptar métodos alternativos de solución de conflictos como, entre otros, conciliación o reparación integral. A su vez, los jueces analizan todo desde la imparcialidad para decidir sobre allanamientos, intervención de comunicaciones, detenciones y prisión preventiva.

El procurador general de la nación Ricardo Casal designó a su colega Fernando Arrigó como coordinador de la nueva estructura acusatoria para decidir criterios de persecución penal mientras que Javier Arzubi Calvo, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra serán los fiscales de delitos complejos.

La fiscal Adriana Saccone tendrá a su cargo la atención inicial y causas por hechos de menor peligrosidad al mismo tiempo que Martín Suárez Faisal será revisor con decisión sobre las salidas alternativas. Claudio Kishimoto será quien administre los juicios que siguen tramitándose por el anterior sistema mixto.

Los magistrados Carlos Vera Barros, Marcelo Bailaque y Eduardo Rodrigues da Cruz fueron nombrados como jueces garantías en la ciudad de Rosario. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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