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El Tiempo Buenos Aires.

Política de medios | Informe REALPOLITIK


La libertad de qué

Infografía del multimedios Clarín, confeccionado por Lanata.

Infografía del multimedios Clarín, confeccionado por Lanata.





REALPOLITIK | 27 de mayo de 2012

Por FABRICIO BRECCIA

 

La Corte Suprema dictaminó un fallo en referencia al famoso artículo 161 de la ley de Servicios Audiovisuales, el mismo que habla de la también famosa “desinversión”, esto quiere decir: que los grupos de medios deben desprenderse de todas las licencias que no se apliquen a la nueva ley. Aquí está el fallo para quien quiera leerlo.

 

Ante esta decisión del máximo tribunal, los medios actuaron y expresaron sus puntos de vista. En esta columna, exponemos dos artículos de opinión de periodistas de trayectoria e intereses diferentes, que abordan la temática y discuten sobre los alcances de esta ley y este fallo: mientras que la ley y el fallo no atacan la libertad de expresión pero sí la acumulación de medios -la acumulación de patrimonio-, la mirada de un sector, representada en la columna de Joaquín Morales Solá, refiere a la libertad de expresión como si se tratara de la defensa de la propiedad privada y la libertad de empresa.

 

EL FALLO

 

Página 12 tituló: “Un beneficio con fecha de vencimiento”, y explicó que “la Corte Suprema estableció que ‘el plazo razonable’ para que el Grupo Clarín siga exceptuado de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión tiene fecha de vencimiento y es el próximo 7 de diciembre. Ese día, resolvieron los jueces, dejará de tener vigencia la medida cautelar que lo ampara de la aplicación del artículo 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El tribunal restó así un año respecto del término que había fijado la cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que se extendía hasta diciembre de 2013. El fallo, que fue unánime, advierte con énfasis que el multimedios no ha demostrado que la norma que fija la desinversión afecte la libertad de expresión. Hasta ahora, afirma, la discusión se circunscribe a un debate exclusivamente ‘patrimonial’”.

 

Los puntos clave del fallo, afirmó el diario, radican en  que “no está en jaque, acentúan, la libertad de expresión, que sería otra cuestión de gravedad. El Grupo Clarín, dice el fallo, ‘no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad (...) en sus escritos no hay más que menciones generales’ pero ‘no existen argumentos’. En estos términos, de acuerdo con la sentencia, nada de lo que se ha debatido hasta aquí es irreparable”.

 

Para finalizar, Página 12 se pregunta “¿Qué es esperable que pase el 7 de diciembre?.” y ofrece una serie de opciones: “Dentro de la propia Corte y en las filas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), interpretan que para esa fecha se le podrá exigir a la empresa que el desprendimiento de licencias sea un hecho. El rubro en el que más tendría que resignar es el de televisión por cable, donde se permite un máximo de 24 licencias. El estado (en sus apelaciones) le atribuye al Grupo por lo menos 225. Otros especialistas sostienen que el 7 de diciembre comenzaría el proceso de desinversión propiamente dicho y el Grupo  Clarín tendrá treinta días (según la resolución 297/2010) para presentar una propuesta de adecuación de su esquema de medios a los topes de licencias que establece la ley. Todo el mecanismo podría durar un año. En estos próximos seis meses pueden pasar varias cosas. Si el juez de primera instancia no resuelve la discusión de fondo sobre la validez del artículo que obliga a desinvertir, Clarín podría jugarse a pedir una prórroga de la medida cautelar incluso antes de que caduque, algo que deslizaba ayer la edición digital del diario. Si el juez avanza y declara la constitucionalidad del artículo 161, el grupo empresario, aunque apele, debería adaptarse a la letra de la ley. Si hay una declaración de inconstitucionalidad, que el estado apela, lo que suceda en el ínterin es discutible, previenen en tribunales. Un problema adicional es que Carbone se jubiló y dejó de trabajar en diciembre. Desde entonces, se ocupa del juzgado un juez por semana. La Corte no quiso que subrogue un secretario y la cámara está buscando un suplente en otros fueros, una misión difícil con este caso de por medio”.

 

Para Clarín, el título fue: “Ley de medios: la Corte dijo que la cautelar vence en diciembre”. Líneas arriba, apareció textualmente que Página 12 afirmó la unanimidad del fallo. Clarín, entendiendo que la jueza Carmen Argibay, está internada y por eso no firmó la resolución, comenzó su artículo informando que “en un fallo firmado por seis de sus jueces, la Corte Suprema consideró que es razonable el plazo de tres años para la vigencia de la medida cautelar que mantiene suspendido, para el Grupo Clarín, el artículo 161 de la ley de Medios -que establece la desinversión- pero decidió acortarlo. Ayer resolvió que ese plazo debe contarse desde que se presentó la medida cautelar, en diciembre de 2009, y no desde que se inició la demanda, en 2010”.

 

Sin embargo, Clarín juega su carta: “Por el momento, sigue pendiente de resolución el juicio iniciado por el Grupo Clarín que planteó la inconstitucionalidad de ese artículo. Si la causa no es resuelta antes del 7 de diciembre de este año, cuando perdería vigencia la cautelar, será posible solicitar una ampliación de esa medida, según reconoce la propia Corte”.

 

Las posibilidades que avizora el Grupo, son: “Si la Justicia resolviera que el artículo 161 es inconstitucional, aún cuando esa sentencia fuera luego apelada por el estado, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) no podría exigir la desinversión del Grupo. Si, en cambio, no hubiera un pronunciamiento antes del 7 de diciembre, por ejemplo porque subsistieran las demoras generadas por el estado, el Grupo Clarín podría pedir una extensión del plazo de la cautelar”.

 

LOS FORMADORES DE OPINIÓN

 

Dos columnistas escribieron artículos referidos a este fallo. Dos visiones antagónicas que representan, al menos, dos de las tantas miradas que hay sobre la ley de Medios. En Página 12, bajo el título “No hay plazo que no se cumpla”, el periodista Mario Wainfeld escribió su opinión frente al hecho. Aquí extractos de la nota.

 

La Corte ratificó la validez de la cautelar y su extensión, pero rectificó el día desde el cual debe correr: es el 7 de diciembre de 2009. O sea que la cobertura judicial fenece el 7 de diciembre del año en curso. Por decir en sencillo algo que es muy enredado: Clarín perdió un año en su afán de sustraerse al imperio de la ley. La aplicación de la norma se ‘adelanta’. Ese es el hecho central, la buena noticia de ayer”.

 

“En su estilo florentino, los supremos decidieron algo razonable, dentro de lo posible, si se quería ser congruente. El recorrido previo del expediente y las acciones anteriores de la Corte limitaban un desenlace más virtuoso. El tribunal le había facilitado a Clarín bastante tiempo de indebida gracia, ahora le acortó drásticamente los márgenes. Desechó el camino más mezquino: dejar correr el calendario sin pronunciarse. Tampoco se inclinó por la peor decisión disponible: confirmar el disparate de la cámara. En el terreno frío de los hechos, quedó más cerca de lo mejor que de lo peor. Viró en su trayectoria, no es poca cosa aunque no es lo ideal, que era inalcanzable a esta altura del partido”.

 

“La sentencia es relativamente breve y avara en fundamentos doctrinarios o citas de jurisprudencia. Tal vez fue un costo para conseguir que fuera unánime entre los firmantes (la jueza Carmen Argibay no fue de la partida). Ese es un recaudo que persigue con afán el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, para robustecer la autoridad de las decisiones. El vocal Enrique Petracchi se permitió un curioso voto propio: dijo coincidir con el decisorio aunque no con todos sus argumentos, pero no puntualizó cuáles son sus diferencias. Floja la actitud”.

 

“Ciertos ‘considerandos’ (así se llaman los fundamentos, en jerga) ameritan un subrayado. Entre los que incluyen ‘palos’ para Clarín resaltan, en primera mirada: el más importante, retomado del dictamen de la procuración: el reclamo de Clarín trata sobre ‘cuestiones de naturaleza patrimonial’. Eso implica, en lo procesal, que se debe ser especialmente cauto en la duración de las medidas cautelares. Y en lo sustancial, que los hipotéticos daños ‘son reparables’ por vía de indemnización (y no es forzoso recortar la validez de la ley). Para mortificación de los abogados de Clarín, la Corte señala que la base estrictamente patrimonial del reclamo surge de lo escrito por sus representados”.

 

En tanto, en el diario La Nación, Joaquín Morales Solá  vertió su opinión en el artículo “El debate es por la libertad”. Aquí algunos de sus párrafos.

 

“La algarabía kirchnerista de ayer por la resolución de la Corte Suprema olvidó la sustancia de esa decisión: el tribunal le fijó un plazo al juez de primera instancia y no al Grupo Clarín. Sólo si ese juez no decidiera la cuestión de fondo antes del mes de diciembre el recurso de amparo (que le permite a Clarín no desinvertir rápidamente) caería. La decisión del juez de primera instancia sobre la cuestión de fondo será apelada en cualquier caso y, seguramente, otro recurso de amparo protegerá la propiedad hasta la resolución final de la Corte Suprema”.

 

“El Grupo Clarín planteó un recurso de inconstitucionalidad sobre el artículo 161 de la nueva ley de Medios. Respaldó la presentación, sobre todo, en que la ley tiene efectos retroactivos. Subrayó especialmente el hecho de que el estado (y un mismo gobierno, conviene recalcarlo) ordenó el fin abrupto de licencias que el mismo estado y el mismo gobierno habían concedido con anterioridad. Señaló que se habían vulnerado los derechos constitucionales a la propiedad privada y a la libertad de expresión”.

 

“Este es un caso que por su naturaleza (determinar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una decisión política) llegará inevitablemente a la Corte Suprema. La misión primordial de la Corte es, precisamente, la interpretación de la constitución. Es muy probable, por lo tanto, que los recursos de amparo estén vigentes (si se cumplieran los plazos establecidos ayer por el máximo tribunal) hasta la decisión definitiva de la Corte. De otra manera, la Corte resolvería sobre una cuestión ya abstracta. Es lo que ocurriría, por ejemplo, si el Grupo  Clarín se viera obligado a vender apresuradamente parte de su propiedad y la Corte decidiera luego que la medida que lo apuró es inconstitucional. La propiedad ya no existiría. La propia Corte advirtió ayer en su resolución que los plazos podrán ser prorrogados de acuerdo con los tiempos procesales”.

 

“En un largo párrafo, la Corte señaló que estaba resolviendo una cuestión patrimonial, sin relación con la libertad de expresión. Recordó también que el tribunal ha sido muy estricto en la defensa de esa libertad esencial de la democracia. Esto es cierto, pero es menos cierto que el caso que afecta al Grupo Clarín no esté vinculado con la libertad de expresión. De hecho, ése es el único grupo de medios audiovisuales que se financia con la comunicación. El resto de los conglomerados audiovisuales pertenece a empresas que tienen su principal facturación en actividades como contratistas del estado, como petroleros o como prestadores de servicios públicos”. (www.REALPOLITIK.com.ar)



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